El acuerdo entre Alito Moreno y Adan Augusto López que abrió la puerta para remover a más de 700 jueces y magistrados, sería producto de acuerdos que el PRO cerró con Morena para favorecer a sus gobernadores de Durango y Coahuila. Al menos, esa es la convicción del líder del PAN, Marko Cortés.
En efecto, este fin de semana se llevó a cabo en el Senado de la República la «insaculación» -como la bautizó Fernández Noroña- de 850 circuitos y distritos federales en el Senado de la República, de los cuales 700 están en funciones y el resto vacantes. Los once senadores del PRI presentes en el recinto, incluido Alito Moreno Cárdenas, permitieron a la mayoría de Morena avanzar con el proceso.
Su presencia despertó polémica en la oposición y se volvió a hablar del PRIMOR, porque el PAN y Movimiento Ciudadano anunciaron días atrás que faltarían a la sesión para no convalidar el método de la tómbola para la elección que cambiará el rostro del Poder Judicial, primero en 2025 y lo que falte en 2027.
Con Alito Moreno a la cabeza, el tricolor justificó su presencia que habilitó el quórum a Morena, como una decisión que apuntaba a «controlar» el proceso. Del supuesto control se sabe poco y nada, pero si está bastante claro que la presencia de los senadores priistas en la sesión de este sábado permitió que al pasar la lista se completara el quórum para la realización de la ordinaria, con 68 senadores (tres más del mínimo requerido en la ley).
Adán logró cerrar un acuerdo con Alito para remover a 700 jueces y magistrados en 2025
«López Doriga vuelve a mentir en Radio Formula! Aquí están las pruebas de que las y los Senadores del PRI no formaron parte del quórum de la sesión del sábado 12 de octubre en el Senado», intentó justificar Moreno Cárdenas, cuando escaló el escándalo porque los senadores priistas permitieron a Morena avanzar con la «insaculación» de jueces.
Esta redacción consultó a la bancada tricolor y, luego del desmentido del coordinador Manuel Añorve, reconocieron que el conflicto entre poderes parece aliviarse con el levantamiento del paro de los trabajadores del Poder Judicial, aun cuando el PRI formalmente sigue respaldando esta lucha, y seguirá manifestando su oposición a la reforma judicial que establece la elección popular de jueces y magistrados.
Sin embargo, dirigentes del partido tricolor confiaron a LPO que existe cooperación de su partido, a nivel estatal, con la 4T.
El ejemplo más claro de ello fue la presión que hizo el gobernador de Durango, el priista Esteban Villegas, para que la senadora panista de su estado, Gina Campuzano González, votara a favor del pase de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual no ocurrió. «Y si yo fuera legislador -no lo soy- yo le daría un voto de confianza a la presidenta», dijo el mandatario.
Lo que sí ocurrió fue el voto a favor del PRI en el Congreso de Durango tanto del pase de la Guardia a Sedena, como de la Reforma Judicial. Un colaboracionismo que está provocando furia en la cúpula del PAN que sigue hablando en público de una ruptura electoral con el tricolor, entre otras cosas por no mantener la disciplina opositora en contra de la 4T.
Marko Cortés también apunta contra el gobernador priista de
Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, por dejar pasar la Reforma Judicial en su estado, no oponer resistencia e iniciar con los cambios constitucionales que exige la norma. Una enemistad que en enero de este año explotó con la publicación de un acuerdo ilegal entre el PRI y el PAN de 2023, publicado en la misma cuenta de Cortés Mendoza.
De nuevo, el PRI está en la mira de los más duros de Acción Nacional, inclusive el excandidato presidencial emecista Jorge Álvarez Máynez sigue pitorreándose en privado de cómo sigue sacando provecho Alito a la alianza con el PAN mientras mantiene el teléfono prendido para el senador morenista Adán Augusto López, reactivando la versión del desafuero de Alito Moreno Cárdenas como presión para estos actos del PRIMOR.
No obstante, en el panismo apuntan a dos proyectos prioritarios en el Presupuesto 2025 al que Coahuila y Durango no quitan el dedo del renglón: se trataría de la Carretera Federal 57, conocida como Los Chorros, un tramo carretero cuya longitud se extiende por 1,295 kilómetros y que atraviesa estados como Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo y Ciudad de México. Un proyecto que el propio exgobernador Miguel Riquelme gestiona en el Congreso de la Unión.
En el caso del segundo aumento presupuestal por el que está cooperando el PRI, según el panismo, es una bolsa extraordinaria en el paquete fiscal de Durango por más de 800 millones de pesos, en especial «para la generación de obras importantes», como dijo Esteban Villegas.
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