La reforma constitucional del 30 de septiembre de 2024 representa uno de los principales antecedentes para la construcción de una nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
Janethe Sodia Herrera Ambrosio, directora de Derechos de Mujeres Indígenas y Afromexicanas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, explicó que la modificación reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
A partir de este reconocimiento, señaló, el Estado mexicano tiene nuevas obligaciones para atender los planteamientos y demandas de los pueblos indígenas.
La funcionaria indicó que la elaboración de una ley general forma parte de las acciones necesarias para dar contenido y aplicación a este nuevo reconocimiento, por lo que actualmente se desarrolla un proceso de consulta con las comunidades.
El objetivo es que la legislación no se limite a establecer disposiciones desde las instituciones, sino que incorpore las propuestas y necesidades expresadas directamente por los pueblos indígenas y afromexicanos.
Herrera Ambrosio consideró que realizar una de estas jornadas en territorio Yaqui tiene un significado especial debido al proceso de trabajo que se ha desarrollado con este pueblo a través del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui.
